Por Edgardo Santiago Canales

La seguridad pública es un derecho fundamental que todos debemos disfrutar sin distinción de condición social, género, nacionalidad, nivel de escolaridad, raza, religión, u orientación sexual. Es también una responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía.

Para crear un plan de seguridad pública en Puerto Rico, se necesita una visión integral que abarque todas las dimensiones de la seguridad, desde la prevención hasta la respuesta. Hasta ahora, el estado con muy poco éxito, trata el tema desde las siguiente óptica.

La Ley 20 del 2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, establece un nuevo sistema integrado por todos los componentes que administran la seguridad pública en Puerto Rico, como el Negociado de la Policía, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, entre otros. Esta ley busca promover un sistema de seguridad más efectivo, eficiente, funcional y que trabaje de forma integrada entre sus componentes y con otras agencias del Gobierno de Puerto Rico.

El Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista 2020 propone un Plan Integral de Seguridad basado en cinco principios: tecnología, coordinación, buena gerencia, proactividad y cultura de respeto. Este plan busca reunir recursos comunitarios, municipales, estatales y federales bajo un equipo de seguridad integrado que tenga roles claros y definidos.

Haga usted, sus propias conjeturas, pero desde ya le indico que el fracaso de cualquier plan será consecuencia directa del descuido del gobierno tanto estatal como municipal, en asuntos de esta envergadura y del menosprecio y discrimen en contra de los que conformamos las Policías municipales del país. Para que cualquier plan de resultados, tiene que haber transparencia y respaldo a las instituciones encargadas de implementarlo. Todo es una gran mentira.