5. ¿Porqué en once años hasta ahora la presente administración no ha realizado ninguna transacción con La Casona? ¿Qué paso antes de las tormentas y después de ellas?

Inmediatamente que el alcalde Marcos Cruz Molina asumió la administración del poder ejecutivo del Gobierno Municipal de Vega Baja ya tenía entre sus manos el problema y cómo disponer del asunto. El, como parte de la administración Meléndez Cano y luego como legislador municipal de minoría, trabajó y nunca le fueron ajenos los proyectos de la mayoría legislativa que aprobaba la administración Santana-Hernández. Pero además, antes de la construcción del mismo, ya era parte de los protestantes de la construcción y privatización en la Playa Puerto Nuevo.

Su tardanza en resolver este asunto tiene que ver con el cambio de pensar sobre el particular. Antes protestó contra la edificación hecha bajo el supuesto desarrollo económico de Vega Baja, pero que en realidad a largo plazo beneficiaba a los inversionistas. También lo hizo para proteger el ambiente, apoyando la Coalición creada por los ambientalistas del lugar. Después, él y la mayoría popular de la Legislatura Municipal esgrimieron la misma defensa que sus antecesores para justificar volver al propósito que se tuvo para construirlo y que fue objeto de su oposición original. Pero entonces ambos, los de ahora, el poder ejecutivo y el legislativo de Vega Baja, le mintieron al pueblo y se reafirmaron en las mentiras de que no se iba a privatizar ni a vender cuando eso fue justamente lo que aprobaron.

Afortunadamente, cualquier historia lejana sigue siendo historia, para confrontar a los que se dedican a la política con sus discursos demagógicos.

Es cierto que las tormentas Irma, María y Fiona pudieran haber atrasado acciones posibles y puso a su administración en vilo por razones económicas y de prioridades. Pero cuando volvió a la carga vino con las viejas ideas de desarrollo económico otra vez y de impulsar su política de atraer turistas de afuera a nuestra playa, en lugar de culminar su iniciativa de lograr y mantener Bandera Azul para nuestro orgullo local. Eso hizo crisis el 4 de julio, en una acción repetitiva de años anteriores, que desencadenó en nuevas reglas obligadas para evitar el hacinamiento y la ocupación del limitado espacio y de una nueva ubicación de los botes privados.

Cuando el pueblo se percató de la intención malsana del alcalde de dar uso a la Casona mediante la privatización, construcción de nuevas instalaciones y de perpetuar por treinta años en zona maritimo terrestre y de erosión costera, con el único propósito de probar su capacidad de producir obras visibles y gigantes, lo único que ha probado es ignorar al elefante en su sala y de dar la espalda a los vegabajeños.

Con su fallida movida política arrastró la institución de balance de poder que es la Legislatura Municipal y a los que votaron a favor de la medida. Pone en situación difícil al portavoz de la mayoría que culpó a la administración Santana y no a su líder Alejandro García Padilla por darle el indulto, a la dama que la defendió últimamente que llegó hasta la insinuación cobarde que le provoca su inmunidad legislativa y hasta el apreciado legislador municipal que le dió tres minutos mas para no decir gran cosa adicional, pues se le acabaron los argumentos. El Presidente, otras veces flexible y ahora cuidadoso porque sabe lo delicado del asunto para cada uno de ellos por no haber leído el proyecto y haberlo aprobado y defenderlo a ciegas, afirmando aun en las postreras palabras que han dicho, que no se vendía ni se privatizaba lo que ellos claramente habían aprobado con la inclusión de esos elementos del contrato.

Si el asunto no tuviera tan graves repercusiones, hubiera creído estar viendo un paso de comedia de contradicciones en los que nos gobiernan localmente.