Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

En el presente mes de enero y posiblemente en febrero, los políticos de distintos intereses nos estarán pidiendo endosos para apoyar sus candidaturas. Este es un requisito adicional para garantizar y verificar que es una persona apoyada por su comunidad para el cargo para el que se ha postulado. Un endoso para una candidatura particular es único, solo puede ofrecerse una sola vez, por lo que hay que pensar a quién se lo daremos.

Nos dicen que hay funcionarios y empleados municipales que están solicitando endosos para la reelección de alcalde a los cuales se les habrá de dar tiempo compensatorio en sus respectivos trabajos, al igual que a los que asistieron a las caravanas. Este es un beneficio que favorece a unos sobre otros y que discrimina, aparte de ser completamente ilegal y un mal uso de los recursos humanos y dinero del Gobierno Municipal.

Con el transcurso del tiempo electoral, están surgiendo quejas de todos lados y exposición de circunstancias sobre acciones incorrectas del Gobierno Municipal. Pero es una equivocación decir que el municipio hizo esto o lo otro. Quienes cometen actos por intención u omisión, son personas, generalmente inspirados por sus superiores con una promesa de impunidad y de beneficio. A estas personas, cualquieras que sean, hay que denunciarlas en las oficinas fiscalizadoras, porque cometen un abuso de su discreción que afecta a otros ciudadanos o a compañeros de trabajo en su ejecución.

Los candidatos necesitan esos endosos. Mientras el alcalde recluta a los empleados municipales, los demás candidatos tienen la colaboración de voluntarios no pagados ni con tiempo compensatorio que aportan su tiempo para ayudarlos y favorecerlos. Esa actitud del gobernante es una de ventaja indebida y sin duda, delincuencia personal e institucional. Es robo a los recursos municipales, en el lenguaje coloquial.

El juego limpio tiene que comenzar en algún momento. El proceso electoral es uno lleno de regulaciones donde se hacen trampas especialmente cuando se tiene poder y acceso a personas pagadas por el gobierno que favorecen el partido que los contrató. El problema es cuando se descubre el delito o la irregularidad y el funcionario alega que no dió esas instrucciones a su supervisado y lo deja con una responsabilidad costosa porque tiene que defenderse a su costo y con el daño moral que representa para esa persona. Ha pasado antes en otras circunstancias y ha habido consecuencias.

Cuidado con lo que hacen. Todos estamos pendientes. En guerra avisada, no muere gente.