La politiquería es un término que se utiliza de manera despectiva para describir prácticas políticas consideradas oportunistas, superficiales, o guiadas por intereses personales en lugar del bien común. Este término sugiere un enfoque en tácticas a corto plazo, maniobras de poder, y estrategias que buscan beneficios inmediatos para los políticos o sus círculos cercanos, a menudo a expensas de principios éticos y del interés público.

Algunas características comunes de la politiquería incluyen:

1. Manipulación de la Opinión Pública: Uso de propaganda, desinformación y retórica vacía para ganar apoyo o desacreditar a los oponentes sin abordar problemas de fondo ni ofrecer soluciones reales.
2. Promesas Vacías: Hacer promesas grandiosas y poco realistas durante las campañas electorales que no se tienen la intención o la capacidad de cumplir.
3. Amiguismo y Nepotismo: Favorecer a amigos, familiares y aliados políticos en la asignación de cargos públicos, contratos y recursos, en lugar de basar estas decisiones en el mérito y la competencia.
4. Corrupción: Participación en actividades ilícitas, como el soborno, la malversación de fondos y el tráfico de influencias, para beneficio personal o de grupo.
5. Falta de Transparencia: Ocultar información relevante sobre la toma de decisiones, el uso de recursos públicos y otras actividades gubernamentales, impidiendo la rendición de cuentas.
6. Polarización y Confrontación: Fomentar divisiones y conflictos entre diferentes grupos de la sociedad para obtener ventajas políticas, en lugar de buscar consensos y soluciones constructivas.
7. Populismo: Apelar a emociones y prejuicios del electorado con discursos simplistas y demagógicos, sin un programa político sólido ni un análisis profundo de los problemas.

La politiquería es vista como perjudicial para el funcionamiento democrático y el desarrollo de políticas efectivas, ya que desplaza el enfoque de las necesidades y preocupaciones reales de la población. Para combatir la politiquería, es esencial promover la educación cívica, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana informada, así como fortalecer las instituciones democráticas que pueden supervisar y regular la conducta de los políticos.