ACREEDORES Y DEUDORES

Comerciantes

     Durante la década que cubre los cuadernos de Juicios Verbales o Conciliatorios se observa un aumento constante en las reclamaciones por concepto de deudas. Para el año de 1840, las demandas por cobro exhibían un descenso en comparación con el año de 1836. Sin embargo, a partir de dicha fecha el aumento fue constante hasta el año de 1847. Ese año (1847), las reclamaciones por dicho concepto representaron el 92.41 % (134 de 145). El acreedor principal durante dicho periodo era el catalán Don Pablo Soliveras[1] con el 51.49 % (69 de 134) de las acciones de cobro. Seguido por el sevillano Don Miguel Gandul[2] con el 35.29 % (12 de 134) de las acciones de cobro. Y en tercera posición el puertorriqueño Don Eusebio Fernández[3] con el 5.22 % (7 de 134) de las mismas. Este último, sin embargo, reclamaba por el cumplimiento de entrega de los “frutos de primicias” de igual cantidad de estancieros locales.

Causas individuales

Las demandas por el resarcimiento de deudas muchas veces se encuentran subyacentes en las demandas por incumplimiento de contrato. Sin embargo, a través de dichas causas de acción podemos conocer distintas orientaciones valorativas de la población y, por ende, aspectos de la vida cotidiana que caracterizaron culturalmente la sociedad vegabajeña decimonónica.

     Los conflictos entre propietarios por colindancias y acceso a caminos; las prácticas agrícolas del agrego y la crianza de animales a medias; la falta de financiamiento de las actividades agrícolas y la práctica de garantizar el empréstito con las “primicias de frutos”; y el Síndico Procurador de Esclavos como defensor de los derechos de los siervos, caracterizan una economía donde la acumulación de capital era propia de un sistema pre-capitalista donde coexistía un modo de producción esclavista.

Conflictos de colindancias y caminos.

Transgresión de cercados por animales y daños causados.

El conflicto entre agricultores y ganaderos fue aumentando en la medida en que la agricultura, particularmente los monocultivos, fueron extendiéndose en respuesta a la demanda por los cultígenos comerciales del país. Dicho conflicto, como ya hemos visto, se remonta a los inicios mismos de la colonización. Para el periodo discutido, el reclamo de varios agricultores de los barrios occidentales de Vega Baja (Yeguada, Algarrobo) por los daños ocasionados a sus cultivos por el ganado de los colindantes[4], particularmente vacuno, plantea el hecho de que si bien existía un estricto sentido de propiedad de la tierra, no siempre las colindancias o guardarrayas de las propiedades estaban delimitadas por cercas que pudieran contener el paso del ganado indistintamente de que fueran de mayas o de espeques[5] alambrados. (¿Posible relación con la reestructuración agraria de los barrios?)

Problemas de colindancias.

      Pero si bien los daños causados por las reses a las siembras de los colindantes fueron causa de más de un reclamo judicial, los conflictos por los lindes de las propiedades o la usurpación de terrenos, causaban mayor tensión entre los propietarios. Entre los varios casos que se discuten en dicho periodo, resulta de particular importancia para la discusión de dicho conflicto la demanda que presenta el 2 de junio de 1845, Don Juan Soler[6] contra Tiburcio Narvaez[7] arguyendo que éste «…se le ha metido en sus limites»[8] porque nos permite hacer un acercamiento a los conflictos por el control del Hato de Pugnado que siguieron a la muerte de Don Manuel Negrón Maldonado. Durante el juicio verbal celebrado Don Juan Soler denuncia lo siguiente.

“…dice que traspasando la finca de su propiedad que colinda con la de el quiere á todo trance apoderarse de parte de sus terrenos y ello á pesar de haber ambos sido entregados en debida forma por agrimensor y con asistencia de un comisionado, y que no bastando ni reconvenciones amistosas ni lo que aun es más el plano formal y respetable escritura que ha exidido. para contenerlo, ocurre al juez del partido para que lo haga reducir á la línea de su esclusiva propiedad.”[9]Una vez oídas las partes, los hombresbuenos acordaron que no se podría dirimir el asunto hasta que no se llevara a cabo una vista ocular acompañados de un agrimensor.

Acceso a caminos.

Pero no solo las colindancias entre propiedades eran motivo de conflicto; también el acceso a los caminos, particularmente para el traslado de productos comerciales, tuvo que ser dirimido mediante juicio verbal. El 24 de julio de 1836, Don Jacinto López[10], quien era vecino de Toa Baja y dueño de la Hacienda San Vicente, demanda a Don Antonio Cayol porque éste «…quiere pasar para el Puerto de Cerrogordo…»[11] haciendo uso de un camino de su propiedad. Pero explica el demandante que le había comprado al mismo Don Antonio Cayol la servidumbre del camino que discurre por terrenos de Don José de los Olivos en el sitio de Matamba únicamente como acceso para su hacienda.

     Después de haber convenido el negocio, Cayol reclama acceso al mismo camino para trasladarse al Puerto de Cerro Gordo pese al hecho de que antes le había negado el paso a López. Este propone de forma conveniente que le dé acceso al Paso del Capá que discurre por sus Haciendas de la Seyba y comunica con la población a cambio de permitirle el acceso al camino motivo de la demanda; propuesta que fue aceptada de forma condicionada por Cayol.[12]

Mecanismo de justicia para los esclavos.

     Desde que se creó el puesto de Síndico Procurador de Esclavos, la población esclava y liberta contó con un mecanismo para demandar remedio a los agravios de que eran víctimas dentro de su condición de servidumbre. Aunque encontramos a la liberta Petrona Loubriel[13] demandando por cuenta propia el desagravio que por “injurias” habían cometido contra ella Don Francisco Anazagasti[14] y Don Francisco de Torres[15], en el resto de las causas los esclavos estaban representados por el Síndico Procurador de Esclavos.[16] Oportunamente, estos individuos provenían de la clase de hacendados y estancieros que controlaban gran parte de la economía del municipio.[17]

     Aunque en la década de 1840, se observa un aumento gradual en la cantidad de tierra de pastos dedicada al cultivo de caña de azúcar,[18] la producción por quintales disminuye[19] al igual que el precio de la misma. También se observa una disminución en la producción por cuartillo del melao.[20] La producción de cahices de cal[21] para decantar el melao aumenta junto a la producción de rom.[22](Mantenemos el uso del vocablo rom según se usa en los documentos consultados y en la tradición oral) Las presiones de los productores de azúcar por obtener un mayor rendimiento por cuerda de caña de azúcar sembrada y del aumento en el precio de los productos derivados, los lleva a exigir más trabajo de parte de los esclavos. 

      Es dentro de dicha coyuntura que encontramos varias demandas incoadas por distintos esclavos contra sus amos entre los años de 1842 y 1845. El 2 de mayo de 1842, varios esclavos de la Sucesión de Don José María Rodríguez,[23] representados por el Síndico Procurador de Esclavos Don Tomás Landrón[24], demandan a Don Juan Rodríguez, capataz de la hacienda, porque “…los hace trabajar mas tiempo del regular y aun en días festivos, y que ellos tienen que pagar a las costuras de sus ropas y el labarla.” Inclusive denuncian “… que los hacen trabajar mucho de noche.”

     En respuesta a la denuncia de los esclavos, el capataz planteó que “…su esclavitud estaba acostumbrada a no trabajar lo que naturalmente puede un labrador en estado de salud…” y que los mismos “…están perfectamente tratados.” Con el propósito de investigar las denuncias, el Síndico Procurador de Esclavos visita la hacienda y lleva a cabo varias entrevistas entre los vecinos. Durante el proceso judicial “…el Sindico encontró infundada la queja de sus clientes, diciendo que no tiene razón que alegar en favor de ellos…” A base de los hallazgos mismos del Síndico, el Juez le advierte a los esclavos que “…no buelban a suponer quejas falsas ante este Alcalde con el escandalo que lo han hecho, pues si reinciden serán corregidos como corresponde y que continúen aplicados al trabajo obedeciendo a sus amos…”[25]

     De hecho, durante el año de 1845 las quejas y fugas de los esclavos por el maltrato de que eran víctimas aumentarían en varias haciendas. Aunque los incidentes relacionados con la fuga masiva de esclavos de la Hacienda La Ceiba del 6 de julio de 1845, no figuran como parte de las demandas presentadas ante el Juez local, la misma fue de tal importancia que hubo intervención de las autoridades militares del Primer Batallón de Milicias de Infantería, bajo el comando del Teniente Coronel Segundo Antonio Corton.[26] Ese mismo día un grupo de nueve (9) esclavos bozales de la hacienda protagonizaron una fuga masiva. Durante el interrogatorio de los prisioneros se descubrió que los esclavos José (Africa), Juan Tomás (S.I.), José Miguel (Africa), Joaquín (Africa), Julián (Africa), Victoriano (Africa), Demetrio (Africa), Jacinto (Africa) y Luis (Africa) se mantuvieron ocultos en los cañaverales, mientras que los esclavos Vicente Rodríguez (Africa) y Juan Pedro (Africa) se habían ocultado en «las cuevas de los montes inmediatos» durante la fuga.[27] Además se conocieron los motivos que estos tuvieron para huir de la hacienda.

     Una vez concluida la investigación concluyó Corton que «De las declaraciones aparece que los negros se han fugado de la hacienda porque se les hace trabajar demasiado, aun en los dias de fiesta, se les alimenta mal, y se les niega que trabajen para sí, no dándoles tiempo para ello, y para obligarlos al trabajo se les castiga mas de lo regular.»[28]Como resultado de la investigación llevada a cabo se descubre que había habido una fuga de dos esclavos que no se había informado a las autoridades municipales. En la fuga masiva de esclavos de la Hacienda La Ceiba acaecida en 1845, encontramos entre los fugitivos a algunos de los esclavos que en 1842, se habían querellado contra el capataz de la hacienda.[29]

     El 19 de julio de 1845, pocos días después de la fuga masiva de los esclavos de la Hacienda La Ceiba, el esclavo Antonio (S. I.) de la dotación de Don José Miguel Torres, representado por el Síndico Procurador de Esclavos Don Eusebio Fernández, se querellacontra el esclavista «…porque dice lo quiere castigar sin razón.» Argumentaba el esclavista que lo había amenazado con azotarlo 25 veces para persuadirlo de no comer tierra y que éste se había fugado después de la amenaza. Después de examinarlo el facultativo Don Ramón Giralt,[30] concluyó que Antonio “…se encontraba bastante obstruido por razón de tener vicio sin asegurarse que sea lo que acostumbre comer.” Sentenciaron que no fuese castigado por el esclavista.[31]

     Dicha querella sería seguida por la denuncia el 25 de agosto de 1845 de los esclavosNepomuceno (Africa), Pedro (Africa), Salvador (Africa), Epifanio (Africa) y Joaquín (Africa) de la dotación de Don José García, representados por el Síndico Procurador de Esclavos Don Ramón Seijo,  “…por que los asen trabajar en los cañaberales en lugar de fagina que solo debe ser en la limpiesa…”Además, denunciaron que “…su amo no les permite salir á pasear los domingos ni á bailar á otras aciendas…” Una vez oídas las partes concluyeron los Hombres Buenos que toda vez que Don José García “…á infringido el articulo tercero del capitulo segundo del mismo reglamento, se sujete á la multa que previene dho. articulo.” Sin embargo, le siguieron negando el reclamo que habían hecho los esclavos de que se les permitiese salir a pasear y a bailar en otras haciendas los domingos debido a que lo mismo no estaba cobijado por el reglamento vigente.[32]

    Los sucesos acaecidos entre los años de 1842 y 1845, representarían los antecedentes inmediatos para el levantamiento de esclavos del 1848.

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[1]    El catalán Don Pablo Soliveras figura como uno de los principales comerciantes desde el 1827. En 1833 poseía una casa en el Pueblo valorada en 500 pesos. Su establecimiento comercial también estaba localizado en el barrio Pueblo. Es designado Teniente á Guerra entre los años de 1839 – 1840.  Mantenía relaciones comerciales con distintas compañías comerciales de Manatí y con distintos acreedores con base en la isla de Saint Thomas. Para el año de 1844 aparece pagando 60 pesos, 4 reales y 16 maravedíes durante el “Reparto de Gastos Públicos” en el barrio Pueblo. Estuvo casado con la arecibeña Doña Wbaldina Ribera de Soliveras quien nace en Arecibo el 4 de marzo de 1805 y muere en Vega Baja el 9 de febrero de 1862.

[2]Don Miguel Gandul aparece pagando 17 pesos, 3 reales y 30 maravedíes durante el “Reparto de Gastos Públicos 1844”,  en el barrio Pueblo. Era natural de Sevilla. Hijo de Antonio y de Teresa de los Santos. Se casó con María Salomé Luyando el 19 de julio de 1845, viuda de José Rodríguez. Hija de Cosme y Ana Sierra.

[3] El puertorriqueño Don Eusebio Fernández aparece empadronado como hombre casado en el barrio Pueblo durante el  “Censo que se manda a formar para el año de 1837. Vega Baxa 24 de mayo de 1837.”

[4] Varios casos. Juicios verbales o conciliatorios. Años 1836, 1842 y 1847. Colección particular de la Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

[5] Existía preferencia por los llamados espeques vivos ya que una vez retollaba el árbol, la delimitación de la colindancia quedaba de forma visualmente definida. 

[6]Don Juan Soler era natural de Villanueva y Geltrú, Barcelona. Residía en San Juan donde contrajo matrimonio con Marcelina García, de San Juan. Hijo de Pablo y Josefa. Sus hermanos eran Francisco, Pablo, Raimunda y Ramón. Cifre de Loubriel, Estela. En “La formación del pueblo puertorriqueño: la contribución de los catalanes, Baleáricos y Valencianos. Instituto de Cultura Puertorriqueña. San Juan, Puerto Rico. 1975. Página 292.” Entre 1832 y 1840, lleva a cabo varias transacciones de compra-ventas con Doña María Petrona Mejías, viuda de Don Manuel Negrón Maldonado, y sus herederos.

[7] El 27 de octubre de 1820, Tiburcio Narvaez, quien era vecino de Vega Baja y miliciano de la Compañía de Toa Alta, solicita a su nombre y el de otros desacomodados dos caballerías (400 cuerdas) de terrenos baldíos en el Sitio de Punado. A su solicitud se opuso Don Manuel Negrón Maldonado, representado por su yerno Don Francisco Tobar quien presentó las escrituras de la propiedad. El caso fue referido al alcalde Don Antonio Dávila Bonilla, quien adjudica la controversia a favor del peticionario. Tiburcio Narvaez solicita terrenos baldíos – jurisdiccion de Vega – baja – año 1832.

[8] Juicios verbales o conciliatorios. 1845. Folios 10 – 10 vlto.

[9] Idem.

[10] Don Jacinto López Martínez estuvo casado con Doña María R. Martínez García. Murió en San Juan el 24 de agosto de 1863 (1787-1863).

[11] Puerto de Cerro Gordo.

[12] 1836. Folios 3 – 3 vlto.

[13] No encontramos información sobre la liberta Petrona Loubriel en ninguna fecha anterior al 1840.

[14] En el Subsidio 1827 se registra a Don Andrés Anasagasti como contribuyente en el barrio Cabo Caribe. Desconocemos si se trata del mismo Don Francisco Anazagasti.

[15] En el Reparto de 1844 aparece Don Francisco de Torres como contribuyente del barrio Pueblo.

[16] Entre los años de 1836 y 1847, ocuparon el cargo Don Agustín Otero (19-08-1840), Don Tomás Landrón (07-05-1842); Don Eusebio Fernández (19-07-1845), Don Ramón Seijo (25-08-1845) y el Síndico Suplente Don Vicente Boada (21-04-1847; 21-09-1847).

[17] Don Agustín Otero Martínez figura como dueño de esclavos al menos desde el año de 1838. Para dicha fecha formaban parte de su dotación los esclavos Florencio, Severa y Rita; todos naturales de África. “Matrícula de esclavitud de 1838”. Para el 1858, formaban parte de su dotación Antonio, Ulpiano y Josefa. “Padrón general de esclavos de 1858”.

[18] De 509 cuerdas sembradas en 1838, aumenta a 780 cuerdas en 1846.

[19] Entre los años de 1839 y 1840, la producción por quintales era de 48,330 y disminuye en 1846 a 19,330 quintales.

[20] A partir de 1839, la producción por cuartillo del melao observa una tendencia a disminuir. De una producción de 229,200 cuartillos disminuye en 1846 a 95,000.

[21] Los años de 1842 y 1846 registran la más alta producción de cahices de cal con un total de 90.

[22] El año de 1846 marcó el nivel más alto en la producción de rom por cuartillos alcanzando una cifra de 170,000.

[23] Hacienda La Ceiba estaba localizada en el barrio Ceiba y era propiedad de la Sucesión de Don José María Rodríguez. Los esclavos que presentaron la querella contra el capataz fueron Vicente, Santiago, Joaquín, Demetrio, José Miguel, Luis, Juan Tomás y Andrés.

[24]Don Tomás Landrón de Rivera era hijo de Don Juan Gualberto Landrón Martínez y Doña María del Rosario de Rivera. Contrajo matrimonio con Doña Juana Francisca López Martínez, hija de Don Jacinto López Martínez y de Doña María R. Martínez García.

[25] Juicios verbales y conciliatorios, 1842. Folios 9 – 10 vlto.

[26] Ayes Suárez, Carlos M. El Camino Vecinal de Pueblo Nuevo. Vega Baja, Puerto Rico. Editorial Pueblo Nuevo. 2016. M.S.

[27] El origen étnico de los esclavos se identificó en la “Matrícula de Esclavitud de 1838”.

[28]Ayes Suárez, Carlos M. Ob. Cit. Antonio Corton muere en San Juan el 1 de noviembre de 1865. El documento citado lleva la fecha del 16 de julio de 1845.

[29] Los esclavos Juan Tomás (S. I.), José Miguel, Joaquín, Demetrio, Luis y Vicente Rodríguez formaron parte de los esclavos que incoaron su demanda en contra del capataz Don Juan Rodríguez  el 2 de mayo de 1842.

[30] Facultativo Don Ramón Giralt. Estableció la Hacienda Monserrate en el barrio Ceiba. Según el “Padron de Esclavos de 1858”, la Sucesión de Don Ramón Giralt contaba con una dotación de 18 esclavos. (1842-1858)

[31] 1845. Folios 14 – 14 vlto.

[32] 1845. Folios 17 – 18.