Nota: El finado arqueólogo y antropólogo Carlos M. Ayes Suárez preparó su tesis doctoral en el Centro de Estudios de Puerto Rico y del Caribe sobre la historia de Vega Baja y la defendió ante el Comité Evaluador de profesores e historiadores de la institución. Fue catalogada como excelente. Estas son las conclusiones de su trabajo.

Las exploraciones en busca de oro del Adelantado Juan Ponce de León entre los sistemas hidrográficos de los ríos Cibuco, Mabilla, Indio y Grande de Manatí en el litoral norteño de la isla, confrontó a la población nativa con las huestes colonizadoras resultando estas dominadas y sometidas a un régimen de trabajo obligatorio conocido como encomienda. Aunque no existe información sobre el territorio que alcanzaba el cacicazgo de cada uno de los caciques mencionados, si se puntualiza la región de procedencia de los mismos.

     Por eso es que el cacique Guacabó se asocia a la ribera del Cibuco. Tal vez, la mención de Guamaraca de Guacabó como uno de los “capitanes” del cacique Guaraca de Guayaney aporta al sistema de organización territorial de los cacicazgos durante el periodo de contacto evidenciando que existían unos centros poblacionales principales, como era el caso de Guayaney, y que los “capitanes” o nitaínos provenían de centros poblacionales subordinados políticamente; como parece ser el caso de Sebuco.

     Los movimientos de población inciden en el desplazamiento y en la sustitución de la población originaria por inmigrantes de las más diversas etnias. Estos comienzan a asentarse en las regiones donde se habían establecido las minas del Cibuco Alto y Bajo conformando una comarca cuya cotidianeidad estaba regulada por “Las hordenancas (para el) tratamiento de los indios” y cuya densidad demográfica queda demostrada por el hecho de que la institución de la iglesia estaba representada por frailes según lo establecían las ordenanzas en cuestión.

     Comienzan a proliferar las estancias trabajadas por esclavos negros e indígenas provenientes de Suramérica. La presencia de inmigrantes desde el norte del continente suramericano incide en el desarrollo, entre otras cosas, de una toponimia que revelaba el parecido que tenía el nuevo territorio con el territorio continental como fue el caso de la región llamada Cabo Carigua con la región venezolana de Acarigua. En las extensas ciénagas de la región encontrarían un gran parecido con las ciénagas del cauce bajo del Río Guadalquivir del sur de España, identificándolas también como Las Marismillas.

     Con el desarrollo de la minería proliferan las estancias y los hatos ganaderos. Las extensas ciénagas de la región favorecieron desde los inicios de la colonización la crianza de ganado tanto vacuno como porcino compitiendo de forma conflictiva con los cultígenos característicos de una agricultura de subsistencia o autárquica. Las actividades de minería mermarían según adelantaba el Siglo XVI y la economía se reestructura en un sistema de estancias agrícolas, hatos o criaderos ganaderos.

     Ya en las postrimerías del siglo se menciona la existencia de hatos ganaderos en Las Marismas y Cabo Carigua y la merma que había sufrido la población como resultado de la falta de esclavos. Se enfatizaba en el hecho de que las extensas marismas de la región resultaban favorables para la crianza de ganado porcino. El poblamiento de la Ribera del Cibuco, Las Marismas y Cabo Carigua fue continuo, aunque mermado. Las instrucciones impartidas por el Sínodo de 1645 evidencian que existían estancias dispersas en La Vega del Cibuco, en el hato de Cabo Carigua y en el criadero de los Cerrillos (Cerritos).

     Si algo evidencia el hecho de que la población de los tres lugares era reducida es la “Constitución XV” titulada “De las Fábricas de las Iglesias” donde se reglamentaba que si había más de treinta vecinos viviendo en una comarca podían erigir su propia iglesia o ermita. Resulta obvio que el instruirlos a efectos de asistir a misa a las ermitas del valle del Toa respondía al hecho de que la población era menor a la estatuida.

     En las postrimerías del Siglo XVII, los asedios de piratas y corsarios incidían en el sistema habitacional de la región. El litoral se encontraba despoblado contradictoriamente favoreciendo las actividades de contrabando entre la población local y los extranjeros como respuesta a la política exclusivista mercantilista de la metrópoli. Dicha situación llevó a la designación de Don Fernando Manuel de la Escalera y Rubla como primer Teniente y Capitán á Guerra de “la rivera de Toa, boca de Sibuco y puerto de Cerro Gordo”. En el umbral del siguiente siglo la población seguía siendo exigua. Aunque ya para el año de 1720 se hace mención de la existencia de un cura identificado como el Padre Vivas.

     Durante los años subsiguientes proliferarían las solicitudes de tierras para hatos y criaderos en la región. El control de la economía se mantendría en manos de varias familias criollas descendientes en parte de los antiguos habitantes de la región. La extensión de los hatos y criaderos establecidos entre los Siglos XVI y el XVIII determinarían en el Siglo XIX el nombre y la extensión de los barrios estructurados durante el nuevo régimen. Con la fundación del pueblo de Manatí en 1738, la jurisdicción del mismo se extendería hasta la Ribera del Cibuco por el oriente.

     Al menos, hasta el año de 1768 los habitantes de la misma llevarían sobre sus hombros las cargas contributivas impuestas por la Tenencia á Guerra del Pueblo de Manatí. Ya para el 1762, más de cien vecinos de la Ribera de la Vega, reclamaban pese a la oposición de la Tenencia á Guerra de Manatí la independencia de su territorio. De hecho, seis años después (1768) éstos habían logrado su objetivo; se había trazado la raya entre ambos pueblos a base de un meridiano trazado en un punto equidistante entre ambas poblaciones. Se fijaron dos lindes; uno en el litoral marino y otro a orillas de la Ciénaga del Pajuil en el Camino Real. Pese a esto, no es hasta el 1775 que se funda el pueblo de La Vega sin que sufriera cambio alguno los lindes establecidos con el pueblo de Manatí.

     Contemporáneamente se va desarrollando otro centro poblacional dentro de la misma jurisdicción cuya fundación es autorizada mediante una Real Cédula cuatro años después (1779). Unos años antes, durante la visita pastoral que llevara a cabo a la región el Obispo Fray Manuel Jiménez Pérez, su secretario Fray Agustín Iñigo Abbad y Lasierra hace anotaciones sobre aspectos relevantes del recorrido efectuado entre los años de 1776 y 1777. Este informa que para el 1776 en el pueblo de La Vega había 205 estancias y 10 hatos ganaderos mientras que en Manatí había 73 estancias y 4 hatos ganaderos pese al hecho de que la extensión territorial del pueblo de Manatí era mucho mayor que la correspondiente al pueblo de La Vega.

     Dicha disparidad en la riqueza agrícola y territorial entre ambos pueblos fue indiscutiblemente uno de los factores que incidían en la renuencia del Teniente á Guerra Don Joaquín de Navedo para respaldar los reclamos de los veganos en 1762. Sin embargo, parece ser dicho factor el que yacía subyacente detrás del conflicto mencionado por el fraile benedictino entre varias de las familias criollas y mulatos del pueblo en cuanto al lugar donde establecer la ayudantía de parroquia.

     Una vez autorizada la fundación del pueblo de La Vega del Naranjal, pese a que no se había deslindado su territorio, se allana el camino para autorizar las ayudantías de parroquia tanto en La Vega de Espinosa como en La Vega del Naranjal en 1791. Ya para el 1794, el Obispo Francisco de la Cuerda y García declara ambas ayudantías como parroquias independientes de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y San Matías Apóstol.     

     Como parte de dicha determinación la nueva parroquia de La Vega del Naranjal establece que su jurisdicción por el occidente llegaba hasta el meridiano trazado en un punto equidistante entre ambas iglesias a orillas del Camino Real. Aunque para el año de 1797, se traza la raya entre Vega Alta y Vega Baja, la raya con Manatí quedó inalterada extendiéndose el territorio municipal hasta el barrio Perchas colindante con el municipio de Coamo; extensión que ya comprendía el antiguo pueblo de La Vega.

     Tanto la extensión hacia el Sur como hacia el occidente sería disputada en repetidas ocasiones con los municipios colindantes. La estructuración del nuevo pueblo de Vega Baja tuvo sus antecedentes inmediatos en el periodo en que como parte de las “Reformas Borbónicas” se inicia la demolición de los hatos y criaderos del país. La demolición de los hatos y criaderos de Cabo Caribe y Almirante entre los años de 1783 y 1800 inició el proceso de estructuración de la pequeña propiedad en Vega Baja.

     De una comunicación del 5 de octubre de 1800 del Teniente á Guerra Don Juan Correa [Ortiz] se desprende que si bien habían logrado que la Tenencia á Guerra de Manatí estuviese de acuerdo en que se agregaran 11.5 caballerías (2,300 cuerdas) del hato de Pugnado a la jurisdicción del pueblo de Vega Baja, lo mismo significaba que la demolición del mismo no había iniciado. La demolición de los hatos y criaderos restantes de la Ceiba, Las Marismas y Pugnado fue un tema constante en la agenda del primer y segundo Cabildos Constitucionales. (1812-1814/1820-1821) La demolición de éstos se veía como necesaria para el desarrollo económico del pueblo. La tardía demolición del hato de Pugnado, retardó no solo la reforma agraria si no la estructuración del territorio de acuerdo a la jurisdicción establecida por la iglesia en el momento en que se estableció la parroquia en 1794.

     El 22 de marzo de 1809, a través de una carta dirigida al Gobernador y Capitán General, el Teniente á Guerra Don Manuel Negrón Maldonado deja entrever su insatisfacción con la extensión territorial del pueblo de Vega Baja. La que compara con un “retazo que jamas puede ser de mayor utilidad ni nombre”. Es a partir de ese momento en que surge el reclamo porque se lleve a cabo un “proporcionado deslinde” entre los pueblos de Manatí y Vega Baja. En ese momento y durante los siguientes dos Periodos Constitucionales, prevalecía ambigüedad en cuanto a los límites del pueblo de Vega Baja tanto hacia la raya con Vega Alta como con Manatí.

     Con el deslinde de la jurisdicción del pueblo de Morovis entre 1818 y 1821, se define la jurisdicción del pueblo de Vega Baja por el Sur perdiendo extensión con la eventual segregación de los disputados barrios de Unibón y Perchas a favor de Morovis. La primera mención de una organización interna por barrios del pueblo de Vega Baja corresponde a la identificación de aquellos barrios donde existía un Alcalde de Barrio. Durante el alarde del 25 de julio de 1817, se menciona los barrios de Bayajas, Almirante, Río-arriba, Yeguada y Sibuco. Resulta obvio que la mención de cada uno de estos barrios, con la excepción de Bayajas, en el primer “Padrón del Subsidio para el Año Próximo Entrante de 1825”, junto a los barrios Pueblo, Cabocarive y Cerrito, Algarrobo y Punado, (Yeguada y Sibuco), Ceiba y Sur del Río Cibuco, (Almirante del Norte, Almirante del Sur), y (Río de Morovis), evidencia que los barrios mencionados durante el empadronamiento ya existían. La mención de Bayajas como barrio y las formas Río-arriba y Río Morovis para identificar la misma área demuestra la ambigüedad que todavía prevalecía en la estructuración del territorio municipal.

     Ciertamente que la escasez y dispersión de la población rural incidió en la elaboración de estadísticas tanto demográficas como económicas englobadas para varios barrios. Aunque resulta indisputable que distintos factores internos (económicos, sociales y demográficos) coadyuvaron en la estructuración del territorio llevada a cabo en 1847, el interés tanto del gobierno metropolitano como del colonial ejerció presión localmente para la culminación del proceso.

     La estructuración territorial representa la etapa inicial para hacer posible la estructuración del “Poder Público”.  La inestabilidad política prevaleciente en el país durante la primera mitad del Siglo XIX, caracterizada como una que oscilaba entre el régimen autoritario y la participación democrática, toma la forma de una rígida organización militar ejemplarizada por la Tenencia á Guerra y el Cabildo Constitucional integrado por hacendados y especialistas del pueblo.

     Paralelo al proceso de estructuración del territorio, la organización del “Poder Público” o el monopolio de la violencia popular es regulado por el estado como medida indispensable para garantizar la hegemonía de la clase en el poder. La estructuración del territorio fue conformada a partir del momento de fundación del pueblo bajo el control monolítico del Teniente á Guerra Don Manuel Negrón Maldonado. Aunque éste era la autoridad militar del nuevo pueblo, la solicitud de guardias de parte del Teniente á Guerra de La Vega de Espinosa sugiere la posibilidad de que éstos no contaran con un cuerpo de milicianos urbanos. Los Tenientes á Guerra mantenían una estructura vertical de mando y representaban los intereses de la Gobernación y Capitanía General a nivel regional y eventualmente local. Si algo caracteriza el periodo previo a los Cabildos Constitucionales es que para el control de las clases subordinadas los Tenientes á Guerra contaban como mecanismos reguladores técnico-administrativos con la Junta de Visita y con las facultades inherentes al cargo en las áreas de administración, justicia y milicias. Facultades propias de éstos desde que se organizaron las Tenencias á Guerra desde la gobernación del Capitán General Don Diego Menéndez de Valdés.

     Para el momento en que la isla es asediada por los británicos en 1797, los habitantes del municipio de Vega Baja comienzan a dar señales inequívocas de una identidad local; milicianos vegabajeños forman parte de la resistencia a la invasión en la Ciudad Capital sin sufrir ni una sola baja. El acontecimiento toma forma de leyenda en la tradición oral local. Al término de su incumbencia como Teniente á Guerra, Don Manuel Negrón Maldonado reclama ante la Gobernación y Capitanía General tanto el territorio que eventualmente comprendería el municipio de Morovis como el territorio que comprendió la jurisdicción occidental de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario en 1794 y que finalmente se disputaría en 1847; año en que se estructuraría el imaginario territorial de los vegabajeños.

     Aunque es durante los periodos constitucionales que surgen como parte de los mecanismos reguladores tecno-administrativos los especialistas, el Cabildo Constitucional operaba bajo un rígido control de parte de la Gobernación y Capitanía General. La intervención del gobierno central en los asuntos del Cabildo de los tres Periodos Constitucionales se impuso desde el primer periodo cuando los electores vegabajeños eligieron secuencialmente a Don José Lorenzo de Navedo (19 de diciembre de 1813) y a Don Juan Sánchez Camilo (31 de diciembre de 1813) como Alcaldes Constitucionales y fueron reprobados por el Jefe Político Superior de la Provincia. Viéndose obligados los electores a nombrar a Don Antonio [María] Dávila [Bonilla] como nuevo Alcalde Constitucional.

     El control político de parte del gobierno provincial permeaba todas las funciones fundamentales del Cabildo. La agenda de cada sesión se dedicaba a atender las instrucciones impartidas por el Gobierno Provincial a través de los más diversos medios. Como punto de partida en el largo orden de solicitudes de información, el Cabildo de Vega Baja encomienda a Don Cecilio Salvador de Robles para que rindiera un informe sobre el estado de situación del municipio. A través del informe se pone al descubierto un cuadro de precariedad económica y como lo mismo no les permitiría cumplir con las imposiciones contributivas. Si algo caracterizaba la situación era la falta de liquidez económica atribuida por las autoridades a la falta de pago de contribuciones por parte de los vecinos.

     De hecho, el Presupuesto preparado en respuesta a la Circular del 13 de junio de 1814, contemplaba recaudos por 2,225 ps. 1 r. estimando la riqueza del municipio en 10,000 ps. El 31.59% (703 ps. 1 r.) correspondía a gastos de la iglesia y el 68.4% (1522 ps.) a gastos del Ayuntamiento. Sin embargo, advierte el Ayuntamiento que dichos gastos sumirían más en la pobreza al vecindario. Mientras tanto continuarían los trámites para la demolición de los hatos y criaderos restantes, la inspección de la infraestructura vial y de los cuerpos de agua fluviales con el propósito de adecuarlos a la transportación fluvial como parte de las actividades comerciales con la Capital.

     Aunque existían cinco caminos y dos puentes que comunicaban el pueblo con los pueblos vecinos, los vecinos reclamaban que los mismos se encontraban en malas condiciones. Para poder atender la problemática se requirió del trabajo voluntario de los vecinos. De hecho, el ancón de la desembocadura del Río Cibuco era subastado y las ganancias pasaban al gobierno provincial. La existencia de extensas marismas en los llanos contiguos al pueblo se consideraba insalubre y se planteó la necesidad de su desecación con propósitos salubristas y agrícolas. Tanto en 1835 como en 1856, la población sufre de serios estragos causados por brotes epidémicos de cólero morbo asiático atribuidos a dichas condiciones ecológicas.

     No solo la desecación de las marismas se entendía como necesaria para mejorar la salud del vecindario, sino que se recibió la orden de organizar la primera Junta de Sanidad y relocalizar fuera del pueblo el cementerio que hasta ese momento estaba localizado en el interior y el atrio de la iglesia. Para el desarrollo de las fuerzas productivas el nuevo régimen se planteó la necesidad de atender los problemas de salud de la población. Aunque con la designación de Esteban Guzmán como “curioso” se pretendió atender los requerimientos del gobierno provincial, no fue hasta que se nombró a Don Santiago Steffen durante la pausa absolutista de 1823 – 1833, que contarían con su primer “profesor lexitimo”.

     Para dicho periodo carecían de un matadero y como medida salubrista los expendedores de carne fueron obligados a hacer sus matanzas de reses fuera del pueblo y dieron inicio a un plan de ornato desmontando y limpiando el mismo. Se inició la inspección y uniformidad del sistema de pesas y medidas y, como medida adicional para proteger al consumidor se reglamentó que los productos agrícolas que eran vendidos en el pueblo por agricultores de la ruralía del municipio tenían que estar disponibles para los consumidores dos horas antes de que fueran acaparados por los “revendedores”. 

     La falta de liquidez económica representaba el obstáculo principal para darle cumplimiento a las órdenes recibidas del gobierno provincial o de la gobernación y Capitanía General. El primer Cabildo Constitucional tuvo que enfrentarse al hecho de que la Casa Consistorial y el Cuartel de las Milicias Disciplinadas se encontraban en condiciones de precariedad. La iglesia tampoco contaba con una Casa Parroquial. Durante la siguiente pausa absolutista (10 años después) se informa que no había obras públicas y que tanto la cárcel (La Casa del Rey) como el cementerio estaban en “mediano estado”. Tal vez, la única estructura que se encontraba en  “buena disposición” era la iglesia. Ya contaban con una escuela de primeras letras cuyo maestro era Don José María Saavedra. Hasta el 1862, el entramado urbano consistía de estructuras a lo largo del Camino Real con la iglesia hacia el oriente de la plaza y la Casa del Rey hacia el poniente. Pese a esto el mismo se había trazado siguiendo el sistema antiguo de cuadrícula.

     Todavía para la pausa absolutista de 1823 – 1833 la élite del poder local estaba integrada por las familias criollas reductos de los antiguos señoríos hateros. Dichas familias cuyo control se basaba en un complejo sistema de relaciones semifeudales con los agregados, presentaba una estructura donde la esclavitud y las actividades de comercio dotaban las mismas con una gran capacidad de control de la sociedad y de la economía. Los hechos acaecidos durante la constitución del Primer Cabildo evidencian la existencia de conflictos entre dichas familias y las autoridades militares provinciales. Con el propósito de quebrar el control político de los señores de hato, se prohíbe el que personas relacionadas familiarmente por consanguinidad o afinidad formaran parte del mismo Cabildo. Sin embargo, éstos evaden el intento provincial negando los vínculos entre estos. Aunque dichas familias mantienen un control monolítico hasta la segunda pausa absolutista, ya para el tercer Periodo Constitucional se aprecia un significativo control político de parte de extranjeros. A través de alianzas matrimoniales, el financiamiento y el control de los puestos públicos éstos comienzan a desplazar a los señores de hato.

     El auge en la trata negrera se experimenta durante la pausa absolutista de 1823-1833, estrechamente relacionado con un significativo aumento en la cantidad de cuerdas de terreno dedicadas a la siembra de caña de azúcar y a un aumento en la riqueza territorial del municipio. Aunque la población esclava nunca rebasó el 13.5 % de la población total, a partir de 1852 comenzaría a descender hasta alcanzar el 4.1 % en 1873. El año de 1831 marcaría el año donde la población de esclavos bozales alcanzaría la más elevada cifra con 301 esclavos nacidos en el continente africano. Entre los esclavos bozales se registran prácticas culturales tales como los tatuajes, la mutilación dentaria y la geofagia que proporcionan información de gran utilidad para la identificación étnica de los mismos y para el estudio de la difusión de dichas prácticas entre los esclavos criollos.

     Para ese año, el 80.43 % (37) de los 46 dueños de esclavos, tenían en su dotación de 1 a 9 esclavos cada uno. De hecho, los esclavistas principales se encontraban en los barrios localizados en las plantaciones cañeras del llano costanero del Norte. Dicha distribución se mantuvo proporcionalmente igual durante todo el régimen de esclavitud. La distribución de jornaleros o trabajadores asalariados para dicho periodo coincidía con la distribución de los esclavos.

     Aunque tanto los esclavos como los trabajadores asalariados conformaban una parte importante de las fuerzas de producción, existía un significativo tercer sector integrado por el campesinado caracterizado por Fray Agustín Iñigo Abbad y Lasierra como un gran sector de personas “sin tierra”. De hecho, para el último cuarto del Siglo XVIII, el mismo representaba el 21.34 % de la población total de la Isla (70,260). El sector de los “sin tierra” desarrolló una economía de subsistencia o autártica que mantenía una relación social de producción tensional con los sectores dueños de los medios de producción.

     El sector de los “sin tierra” se encontraba dividido entre los campesinos y los agregados. Estos últimos representaban el sector de desposeídos que los propietarios permitían asentarse en sus tierras desarrollando de dicha forma una relación semi-feudal donde algunos se integraban al trabajo asalariado. Según se fue desarrollando una economía de plantación, el sistema habitacional se conformó con concentraciones de campesinos en las tierras altas de los llanos arcillosos y agregados, jornaleros y esclavos en los llanos aluviales donde se encontraban enclavadas las estancias y haciendas. Tal vez, era el sector de los jornaleros el de mayor movilidad territorial. De hecho, el mismo se nutría de jornaleros procedentes, principalmente, de los municipios aledaños.

     La escasez y precariedad de la infraestructura de transportación aunada a la política exclusivista mercantil de la metrópoli, mantenía en aislamiento a los habitantes de la región. No solo los mantenía necesitados de productos de importación, sino que les dificultaba las actividades comerciales. Desde finales del Siglo XVIII, los habitantes de la Ribera del Cibuco recurrieron al contrabando a lo largo del litoral marino. La temprana designación de Don Fernando Manuel de la Escalera y Rubla como Teniente y Capitán a Guerra regional ejemplifica lo intenso de las actividades de contrabando.

     Las denuncias de actividades ilícitas de contrabando continuarían durante todo el Siglo XVIII y no sería hasta que se autoriza el establecimiento de la Receptoría Subalterna de Manatí en el Puerto de Tortuguero durante el primer cuarto del siguiente siglo (1822) que parece haber surgido una disminución en las mismas. Más adelante en el siglo se evidencian actividades de contrabando de parte de los grandes propietarios que pugnaban por el control de los cuerpos fluviales para la transportación de sus mercancías. La falta de capital, de tecnología adecuada, agotamiento de los suelos, sequías prolongadas y el control del comercio por inmigrantes extranjeros mantuvieron la economía local en una profunda crisis durante toda la primera mitad del siglo. Sin embargo, a partir de 1824 la producción agrícola y agropecuaria exhibe un aumento escalonado hasta alcanzar el año de 1840.

     Incidió en dicho aumento la reforma agraria que se inicia con la demolición de los hatos.  Mientras se extiende la reforma agraria por todo el municipio se observa un aumento en la producción agrícola con una tendencia divergente entre la producción de cultígenos para la canasta básica y una producción para la exportación. De hecho, con fecha del 10 de mayo de 1824, el Teniente á Guerra Don Manuel Joaquín de Navedo informa que entre los frutos que “prosperan mejor” en el partido se encontraban el “Arroz, maíz, Platanos, café y tabaco”.

     La reforma agraria en Vega Baja se inicia con la demolición de los hatos de Almirante y Cabo Caribe. Luego de iniciarse el proceso en los barrios orientales del municipio, el proceso de reestructuración de la economía se extendería hacia los barrios occidentales o rayanos una vez comienza la demolición del hato mayor de Pugnado.  La tardía implementación de la reforma agraria en los barrios rayanos respondió al lento proceso de partición de los bienes dejados en herencia por Don Manuel Negrón Maldonado, a la conformación de grandes latifundios relacionados con la industria maderera mediante compra y a la idea generalizada de que los suelos de dichos barrios eran de baja productividad.  Por eso es que los barrios rayanos representaron la última región en experimentar un aumento en la estructuración de la pequeña propiedad y, por consiguiente, en la población.

     Entre 1828 y 1846, el municipio logró un significativo aumento en su riqueza territorial. Mientras la cantidad de tierra dedicada a la siembra de pastos iba en aumento, la tierra dedicada a montes iba en disminución. Dicha tendencia parece estar asociada al aumento en la cantidad de cuerdas dedicadas a la siembra de caña de azúcar; particularmente en los barrios localizados en el llano costanero. La misma tendencia se observa en el costo de la tierra; aumenta el valor de la tierra de pastos y disminuye el valor de la tierra de montes.

     En el llano costanero se observa un aumento en las propiedades de gran cabida. Los latifundios dedicados a la siembra de caña de azúcar se forman mediante un proceso de acaparamiento de pequeñas propiedades que habían surgido durante el periodo de demolición de los hatos ubicados en estos mismos llanos. Por eso es que entre 1828 y 1842 se observa un aumento escalonado en la cantidad de trapiches de hierro. Aunque el uso de trapiches de sangre continuó, resulta evidente la adopción de una tecnología más moderna por parte de los productores de azúcar. La disminución que se observa en la cantidad de trapiches a partir de 1842, evidencia que el acaparamiento de terrenos continuaba reduciendo a pocos ingenios la producción del azúcar.

     Tanto la producción de azúcar como de rom representaban los productos principales de los ingenios. La producción de rom estaba estrechamente vinculada a la operación del trapiche. Sin embargo, existían muy pocos alambiques en uso entre los años de 1828 y 1839. Es decir, que indistintamente de que produjeran melazas, la mayoría de los ingenios cañeros no tenían alambiques para producir rom. Lo mismo sugiere la posibilidad de que los productores de melazas recurrieran a los alambiqueros para la producción de los espíritus destilados o que los pocos alambiqueros existentes fueran los responsables de la totalidad de la producción de rom para dicho periodo posiblemente adquiriendo la melaza de otros ingenios cañeros.

     Uno de los mejores indicadores del escalonado aumento de los medios de producción era el del binomio buey-tierra. De hecho, desde el 1828 (202 bueyes) hasta el 1846 (626 bueyes) la cantidad de bueyes se mantiene en aumento constante. Pero llama la atención el hecho de que la distribución geográfica del uso de bueyes para arar en el año de 1838, corresponde en un 62.68% (215 bueyes) a estancias agrícolas localizadas en la Provincia del Carso Norteño; mientras que el restante 34.98% (120 bueyes) corresponde a estancias de la Provincia del Llano Costanero del Norte. Dicho aumento está estrechamente relacionado con el aumento que experimenta el partido dentro del renglón de las “tierras de pasto” para el mismo periodo.

     Para dicho periodo los terrenos del carso representan el área productora principal de los productos de la canasta básica de la población. Entre los cultígenos encontramos los farináceos, hortalizas y frutales. Aunque se sembraban plátanos y batatas en ambas regiones, los plátanos y las batatas sembradas en los llanos no admiten comparación con las sembradas en el carso, ya que conformaban un cultígeno de plantación mientras que los sembrados en el carso conformaban un cultígeno de subsistencia en tanto y en cuanto la alimentación de las dotaciones de esclavos dependía esto. De igual modo se observa una dicotomía entre las actividades de subsistencia y las actividades de comercio donde la caña de azúcar es producida en su totalidad en los llanos aluviales con propósitos puramente comerciales.

     Para el año de 1838, el llano costanero también era el productor principal de ganado de carne. De hecho, entre los principales criadores de vacas (90 de 177) y de terneros (41 de 97) estaban los agricultores del barrio Cabo Caribe y Cerritos. Dicha tendencia también se observa en la producción de ganado de carga y transporte. Los agricultores de los llanos costaneros eran los productores principales de ganado de carga y transporte. Pese a que los agricultores del barrio Cabo Caribe eran los productores principales de caballos (25 de 50), la producción principal de yeguas (24 de 59) la encontramos en el barrio Pugnao y Algarrobo. La otrora existencia de la Yeguada parece guardar relación con las ventajas que representaban estos suelos para la crianza de éstas.

     Sin embargo, la producción de potros no muestra una diferencia significativa entre los barrios Cabo Caribe y Cerritos (10 de 20); y Pugnao y Algarrobo (9 de 20). Lo interesante de esta situación es que nuevamente la región del carso se nos presenta de forma simbiótica en su relación comercial con el llano aluvial; el carso produce yeguas y los llanos aluviales caballos. 

     La prolongada sequía que afectó a Puerto Rico para dicho periodo también afectó a los agricultores vegabajeños. Lo mismo parece haber sumido la economía local en un periodo recesionario. Aunque no tenemos estadísticas trimestrales sobre el Producto Interno Bruto (PIB), observamos una baja en la producción de cultígenos comerciales (Caña de azúcar con sus derivados [Melao y rom]; café; tabaco; y algodón) combinado con una tendencia a la disminución de precios. La necesidad de los productores de azúcar de obtener la misma producción en quintales los obligó a aumentar el cuerdaje de siembra. Lo mismo requirió a su vez de un aumento en las horas-hombres dedicadas a la expansión de los cultivos. La totalidad de las fugas y levantamientos de los esclavos se registran durante dicho periodo.

La falta de liquidez monetaria en la población empujó a los consumidores a recurrir a su endeudamiento con los comerciantes tanto locales como de pueblos vecinos.

     En el momento en que se estructura de forma definitiva el territorio municipal, la élite del poder integrada por miembros de las antiguas familias hateras había logrado metamorfearse en el mundo de las relaciones de producción inherentes a la economía de plantación manteniendo la esclavitud como parte de la fuerza laboral. Para poder penetrar la rígida estructura social de los señores de hato, entonces esclavistas y hacendados, los extranjeros, principalmente funcionarios o especialistas, que comienzan a establecerse de forma más activa a partir de la cuarta década, utilizan el matrimonio como un medio para penetrar la coraza de la antigua élite local. Para la quinta década un sector importante de comerciantes extranjeros, aprovechando la falta de liquidez económica, mantienen subyugada a la población mediante el recurso del endeudamiento. A tal extremo de que la mayor parte de las acciones legales incoadas ante las autoridades judiciales correspondían a acciones de cobro a deudores morosos.

     El proceso de delimitación definitiva del territorio es iniciado por las autoridades militares distritales por instrucciones de la Gobernación y Capitanía General. Para la cumplimentación de las instrucciones las Juntas de Visita de los tres municipios implicados en el proyecto de demarcación, designaron los actuarios que representarían a sus respectivos municipios. Los integrantes de las respectivas comisiones provenían de las altas clases sociales que conformaban parte de la élite del poder local. Desde que iniciaron las comunicaciones con las respectivas Tenencias á Guerra, afloraron varios conflictos que amenazaban con entorpecer el trabajo. Particularmente entre los actuarios de los municipios de Manatí y Vega Baja. Es decir, que los conflictos afloraron entre las élites de poder de ambos municipios.

     Aunque los actuarios manatieños esgrimieron el argumento de que se oponían al nuevo deslinde porque ya el deslinde entre Manatí y La Vega se había llevado a cabo desde 1768, el conflicto aparentaba subyacer en el control de la tierra por los grandes terratenientes que poseían terrenos en los barrios rayanos. Mientras por un lado los suelos de los barrios rayanos eran considerados de baja fertilidad por el otro se observa después de la demolición del hato de Pugnado el acaparamiento de grandes extensiones de terreno para destinarlas a la industria maderera. Los barrios rayanos fueron los últimos en experimentar un aumento en la pequeña propiedad y los últimos en sufrir un aumento de población.

     En las comisiones de Vega Baja y Manatí encontramos la designación como actuarios de personas cuyos intereses se verían afectados por el propuesto nuevo deslinde. Entre los propietarios vegabajeños se encontraban Don Juan Francisco Collazo, propietario del barrio Yeguada; y Don José Miguel de Torres, propietario del barrio Pugnado Afuera. Mientras que entre los propietarios manatieños se encontraba Don Agustín Collazo, propietario del barrio Yeguada de Vega Baja y Tierras Nuevas Saliente de Manatí. De hecho, después de completado el deslinde, sus propiedades quedaron divididas entre ambos municipios. Lo mismo afectó particularmente a Don Agustín Collazo.

     Aparenta que existían lazos de parentesco entre Don Agustín Collazo y Don Juan Francisco Collazo. Ambos tenían sus fundos en los barrios costeros de ambos municipios. El Teniente á Guerra de Manatí estaba emparentado con las familias Navedo de Vega Baja; a las cuales pertenecían las autoridades principales municipales de Vega Baja durante los dos primeros periodos constitucionales. Por otro lado, resultaba frecuente que como parte del cambio de incumbentes en las Tenencias á Guerra, se alternaran las autoridades militares de Vega Baja con las de Manatí.   

     Con el boicot activo de los actuarios de Manatí, el proyecto de demarcación territorial entre Manatí Vega Baja se llevó a cabo entre los días 13 de enero y 23 de febrero de 1847 a un costo total de 3321 rs. 18 mrs.  Los bagajes fueron provistos por Don Miguel del Toro (34 bagajes), Doña Florentina Sánchez (22 bagajes) y Doña María Marrero (11 bagajes). Cada bagaje se pagó a un costo de 4 rs. alcanzando un total de 268 rs. La extensión total de la raya fronteriza fue de 13,249 metros.

     Mientras el equipo de agrimensura trabajaba para delimitar la raya meridional entre ambos municipios, el agrimensor llevaba a cabo un minucioso registro de los rasgos topográficos de la región que encontramos como parte del expediente de demarcación.  De hecho, el trazado fronterizo se hizo en función de las facciones geomorfológicas encontradas. Las descripciones hechas por Don Félix Napoleón Desjardins nos permiten reconstruir parcialmente el entorno natural de la región para el momento en que trabajan los actuarios. También pudimos trazar el tramo de Vega Baja a Manatí del Camino Real. Aunque entre los tipos de trazados usados como referentes para la delimitación se encuentran el poligonal, el orográfico y el fluvial, el trazado poligonal fue el principal y alcanzó una extensión de 9,200 metros con un punto provisional a cada 1314 metros. 

     El trazado hacia el Sur desde el Camino Real se caracterizó por corresponder a la región de mogotes calizos y llanos arcillosos. Como transecto lineal, comúnmente usado en los estudios de flora, resulta de gran utilidad para identificar las especies más comunes de árboles ubicados a lo largo del mismo durante la mensura. De hecho, hace un registro de noventa y cuatro árboles (94) los cuales correspondían al menos a cuarenta y siete (47) especies distintas a lo largo del mismo. Entre las especies más comunes inventariadas se encontraban la yaya, el Ortegón, el guamá, y el ausubo. Entre las 47 especies identificadas encontramos que muchas correspondían a maderas nobles.

     De hecho, advertimos que fue la gran riqueza de maderas de los barrios rayanos la que incidió en el reagrupamiento de tierras por parte del catalán Don Juan Soler Roig en grandes propiedades después de la demolición del hato de Pugnado para su aprovechamiento como parte de una industria maderera. Coetáneamente se desarrolla en los barrios rayanos una industria maderera de la compañía Morciglia y Furiati.

     Tal parece que no existía una preferencia de tipo cultural al momento de seleccionar un árbol para usarlo como estacones. Usaron un total de nueve (9) especies de árboles para fabricarlos. Nos parece relevante el hecho de que para identificar provisionalmente los puntos B, C y D de la raya se hiciese uso de estacones de Ortegón, boje e hicaquillo, respectivamente. Particularmente cuando existía la expectativa de que dichos puntos fueran eventualmente establecidos de forma permanente.

     Una vez concluida la mensura, el Teniente á Guerra Don Francisco Juliá Brell construye los tres (3) lindes que le había instruido el Comandante de Distrito Don Tulio O’Neill “de mampostería bien cimentados y de regular altura y espesor para que sean bien vistos y de consistencia…”. Los mismos se construyeron a un costo de 13 ps. 3 rs. Con la construcción de los lindes de “material” culmina el proceso de demarcación territorial. Las instrucciones impartidas a ambas Tenencias á Guerra en el sentido de que continuarían beneficiándose de las imposiciones contributivas hasta que entrara en vigencia la nueva jurisdicción evidencia cómo los ingresos devengados por dicho concepto representaron una de las razones subyacentes para los conflictos que afloraron entre ambas comisiones.

     A lo largo del proceso correspondiente a la divisoria de 1847, se puso al descubierto la previa existencia de lindes establecidos durante la divisoria de 1768 y la separación del municipio de Morovis de Manatí. Sin embargo, más allá del dato obtenido en el sentido de que los correspondientes a la divisoria de 1768 se establecieron uno en el Camino Real a orillas de la Ciénaga del Pajuil y el otro en el litoral marino; y el correspondiente a la separación de Manatí marcaba la colindancia de los municipios de Corozal, Vega Alta, Vega Baja y Morovis no existe información en el sentido de que fueran construidos de “material” o con intenciones de permanencia.

     La relocalización de los nuevos lindes identificados con las letras B, C y D nos plantea en la actualidad un problema metodológico. No existe información sobre la localización de los lindes de mampostería en la tradición oral regional ni existe el plano levantado por el agrimensor Don Félix Napoleón Desjardins. Al explorar los puntos de colindancia a base de los cuadrángulos topográficos levantados como parte del “United States Geological Survey” de la isla, no encontramos evidencia de que los lindes en cuestión estuviesen enclavados en el lugar correspondiente a los actuales puntos de colindancia. Aunque la posible no existencia de los lindes podría responder a la demolición y eventual remoción de los escombros de los mismos como resultado de los más diversos factores, también tomamos en consideración el hecho de que los mismos fuesen construidos desplazados de los actuales puntos.

     Han transcurrido 170 años desde que Don Félix Napoleón Desjardins, haciendo uso de su equipo de mensura trazó la raya meridional entre ambos municipios orientando la raya hacia el Norte Magnético. Siguiendo la práctica cartográfica dibujó la raya orientada al Norte Geográfico haciendo constar la dirección del Norte Magnético como referencia en el plano. Desde la fecha en que se trazó la raya usando el Norte Magnético como referencia, el mismo ha experimentado un declive magnético positivo de dos (2º) grados. Lo mismo significa que el punto que se tomó en el litoral marino estaba localizado hacia el Oeste del punto actual; mientras que el punto que se tomó para delimitar el territorio en Manatí, Morovis y Vega Baja estaba localizado hacia el este del punto actual. Esto podría explicar por qué no fue posible que relocalizáramos las ruinas de los puntos cuando llevamos a cabo la exploración. La relocalización de las ruinas en cuestión se nos presenta como un futuro proyecto para ampliar la actual investigación histórico-arqueológica.

     Al momento de llevar a cabo la investigación nos planteamos la necesidad de usar como referencia para determinar el declive magnético para la fecha de la mensura, algún otro plano contemporáneo de la región. Sin embargo, el plano que pudimos conseguir correspondía al entramado urbano del pueblo de Manatí levantado cuarenta años después (1887). Aun así, el declive magnético que presenta dicho plano estaba más cerca del declive magnético que debió haber prevalecido para el momento del proyecto. El plano fue geoposicionado sobre una fotografía satelital del área de la misma escala y se hicieron las georectificaciones necesarias. Esto nos permitió establecer la diferencia entre el declive magnético para el periodo investigado y el actual. Si bien es cierto que el plano dibujado se levantó sobre un declive magnético distinto al actual, ambos planos están orientados al Norte Geográfico. Este ejercicio propende a facilitar la prospección de las áreas en cuestión para la relocalización de los antiguos lindes de mampostería.

     La intención de que el carácter de los tres lindes de mampostería fuera permanente se desprende de las instrucciones impartidas al Comisionado Teniente Don José de los Reyes Izquierdo por parte del Comandante de Distrito Don Tulio O’Neill. Desde que se trazó la raya, la misma no ha sufrido variaciones notables. Sin embargo, las estructuras construidas no forman parte de la tradición oral local. Con la construcción de los lindes de mampostería quedaron claramente definidos los nuevos límites estructurales definitivos del municipio de Vega Baja.

      Si bien es cierto que a partir de ese momento quedaría claramente definido el alcance jurisdiccional de la élite del poder local, también es a partir de ese momento que culmina la definición desde el punto de vista cultural de lo que era ser vegabajeño. Cuando el Teniente á Guerra Don Manuel Negrón Maldonado describe y defiende la necesidad de delimitar el territorio en 1809, se inicia el proceso que culminó en 1847 bajo el fragor de una recesión producto de una prolongada sequía. El desarrollo que experimentaría el municipio durante la segunda mitad del siglo XIX, indudablemente será el resultado del proceso que culminó con la delimitación definitiva del territorio.   

     La mención de la construcción de lindes de mampostería como parte de la delimitación de los barrios urbanos o de los municipios de Puerto Rico, resultan muy escasas. En la calle San Francisco del Viejo San Juan se encuentra enclavado un cañón de hierro que sirvió de linde para uno de los barrios sanjuaneros. En las memorias municipales de la Junta de Planificación a penas se mencionan para la delimitación del barrio Pueblo del Municipio de Sabana Grande y como parte del deslinde entre los municipios de Vega Alta y Dorado.

     Ciertamente que este aspecto arqueológico tiene que ser estudiado con un enfoque distinto. Nuestro estudio, aunque presta atención a dicho aspecto, se centró primordialmente en el proceso de delimitación del territorio de Vega Baja como parte de un proceso de estructuración territorial y del Poder Público resultado de los cambios políticos y económicos precipitados en España y sus provincias ultramarinas a raíz de la invasión napoleónica. El proceso de reestructuración territorial y su cartografía sucede simultáneamente en la metrópoli y en Puerto Rico.

BIBLIOGRAFIA

Fuentes primarias:

1. Autos originales de la demolición del Hato y Criadero de Manaty avajo, y reparto de su terreno para establecimiento de labranzas sin perjuicio de la annual peza. Año de 1762. AGPR. FGE. Sección A.C.P. Asiento Tribunal de Gobierno 1751-1824. Caja 187. 1 de septiembre de 1762. Folio 13.

• Carta de Manuel Negrón al gobernador Josef Dufresne del 4 de enero de 1782. AGPR. FGE. Caja 598.

• Carta de Manuel Negrón al gobernador Josef Dufresne del 18 de enero de 1782. AGPR. FGE. Caja 598.

• Carta del Gobernador y Capitán General a Manuel Negrón. 19 de enero de 1782. AGPR. FGE. Caja 598.
• Carta de Manuel Negrón al Gobernador y Capitán General José Dufresne. 15 de abril de 1782. AGPR. FGE. Caja 598.

• Carta de Manuel Negrón al Gobernador y Capitán General José Dufresne. 20 de abril de 1782. AGPR. FGE. Caja 598.

• Escritura de $2500 de principal, á favor de la Archicofradía de Ntra Sra de los Dolores de cuyo redito está obligado Dn Manuel Negrón de  Vega-baja. 12 de octubre de 1784. Archivo Diocesano.

• Comunicación del 22 de marzo de 1809 de Don Manuel Negrón Maldonado al Gobernador. AGPR. FGE. Serie: Municipios. Caja: 598.

• Relación individual del importe de las ventas de Estancias que se han hecho desde el año de 1795 hasta 1810, como se previene en Oficio de 19 de febrero ultimo, por el Señor Gefe Politico Superior; cuya relación se forma por el mismo orden en que se hayan Protocoladas las Escrituras, que es en la forma siguiente=.  AGPR. FGE.  

1. Carta de Juan Correa al Gobernador Yntendente y Capitán General del 5 de octubre de 1800. AGPR. FGE.

1. Primer libro de Actas del Ayuntamiento (1812-1836). Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

1. Lista general de las tres Compañías de Milicias Urbanas de Ynfantería del Pueblo de Vega – baxa formada en la Revista de 25 de julio del presente año de 1817. Relacion qe comprehende los jubilados que han cumplido los secenta años de edad y se hayan escluidos del Servicio de Urbanos y de los Enfermos inutiles. Vega Baja. 25 de julio de 1817. AGPR. FGE.

1. Escalafo [sic] que manifiesta las fuerzas que componen las cinco compañías de Urbanos en la última revista pasada en 25 de Julio de 1840. 1841. Fondo: Municipio de Vega Baja. Caja 48.
2. Pié y fuerza de las seis compañías urbanas de este pueblo de Vega- baja. 1842. Fondo: Municipio de Vega Baja. Caja 48.

1. Vega Baja. 1858. Expediente formado con las [Ileg.] concernientes al reemplazo e las Compañías de Milicias de este pueblo, verificado el día 1 de Noviembre de 1858. Fondo: Municipio de Vega Baja. Caja 48.

1. Padrón del subsidio de Vega Baja para el año próximo entrante 1827. Legajo 1827 Número 1. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

1. Reparto de gastos públicos 1844. Legajo 1844 Número 34. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

1. Copia del espediente de demarcación de la línea divisoria de los territorios de Vega baja y Manatí. Legajo 1847. Expediente 4. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc. (1847)

1. Censo de almas. 1833. Legajo 1833 Número 1. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc. (1833)

• Planillas de riquezas. Legajo 1838 Exp. 7. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc. (1838)

• El Sor. Alcalde Municipal Don Pablo Soliveras mandó abrir este libro de anotaciones de los que contraen matrimonio en la Parroquia de este pueblo, y dá principio hoy 1º de Enero de 1840. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

• Libro de Juicios verbales y conciliatorios. 1836. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

• Libro de Juicios verbales y conciliatorios. 1840. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

• Libro de Juicios verbales y conciliatorios. 1842. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

• Libro de Juicios verbales y conciliatorios. 1845. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

• Libro de Juicios verbales y conciliatorios. 1847. Colección particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

• Relación de la gente efectiva que tienen las compañías veteranas de la dotación de esta plaza como parece por muestra que mandó pasar en primero de julio de este presente año de 1700, su señoría el señor el Maestro de Campo de Infantería Española D, Gabriel Gutiérrez de Riva, caballero del orden de Santiago, gobernador y capitán general de esta ciudad e isla de San Juan de Puerto Rico por su Majestad (que Dios guarde) que se siguen por su orden. AGI Santo Domingo-543. Cartas y Expedientes del Gobierno de Puerto Rico desde 1662 a 1706. AGI-Rollo 18, Folio 530, 17 julio 1700.

• memorial de los vecinos  de la rivera de la vega y de lo que cada uno a de dar para el bien común de la fábrica de la casa del pasaje de Palo Seco. Memorial de don Pedro Montañés y Lugo, 13 de junio de 1720. AGI, Escribanía de Cámara 129 A.

• Carta del Gobernador de PR a Arriaga del 08 de ago de 1759 Dando cuenta de los piadosos esfuerzos con que intentaron reedificar su iglesia los vecinos del pueblo de Manatí a su costa,  y acompaña los autos de la competencia subsitada entre el Obispo y su jurisdicción para la intendencia de la obra. AGI – Santo Domingo 2285 Reales Cédulas sobre mercedes,  multas,  indultos y penas de cámara. 25. PR.

• Relación general de los individuos matriculados en esta Provincia Pral. y demás Subdelegaciones de esta Ysla.” AGPR. FGE. Gente de Mar. Asuntos Navales. Goletas. 1803-24. Entrada: 177-182. Caja número 276.

• Relación de las Pulperías existentes en los Pueblos de esta Jurisdicción, con expresión de las fechas de sus licencias, expedidas por el Sor. Gobernador y Capitán General. [Comercio] Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Asuntos Civiles y Políticos. Asunto: Tiendas (Licencias). Caja 186.

• Licencias de Pulperías del año de 1817. Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Asuntos Civiles y Políticos. Asunto: Tiendas (Licencias). Caja 186.

• Noticias de las licencias de tiendas de mercerías y pulperías expedidas en el año de 1818 por medio de los Jueces Territoriales. Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Asuntos Civiles y Políticos. Asunto: Tiendas (Licencias). Caja 186.

• Año de 1819. Asientos de las licencias de Pulperías. Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Asuntos Civiles y Políticos. Asunto: Tiendas (Licencias). Caja 186.

• [Visita del Gobernador Miguel de la Torre. 1824] Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Asuntos Civiles y Políticos. Asunto: Visitas. Caja 191.

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• [Contiene: huracanes (1826), iglesia, cementerio, montes, corrales de pesca, etc.] Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Municipalidades.  Asunto: Vega Baja. Caja 600.  Año 1800- 1820.

• Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Municipalidades.  Asunto: Vega Baja. Caja 601. Año 1820- 1860.

• [Carta del Ayuntamiento] Fondo: Gobernadores Españoles. Serie: Municipalidades.  Asunto: Vega Baja. Caja 611. Año 1809.

• Pueblo de Vega Baja. Censo de Almas de 1837 Fondo: Municipio de Vega Baja. Caja 23.

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• Relación que el abajo firmado pasa al Sor. Alcalde de este pueblo de la familia que se haya á mi cargo para que se sirva empadronarla como vecino que somos… 1844. (8f.) Fondo: Municipio de Vega Baja. Registro de Esclavos/ Libertos 1832-74. Caja 28.
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• Matrícula de la esclavitud residente en este partido de Vega-baja. Año de 1838. (75f.) Fondo: Municipio de Vega Baja. Registro de Esclavos/ Libertos. 1832-74 Caja 28.

• Esclavos. 1841. (41F.) Fondo: Municipio de Vega Baja. Registro de Esclavos/ Libertos. 1832-74. Caja 28.

• Expediente ejecutivo que el Escribano D. Escolástico Fuentes siguió contra Don Antonio Cayo por cobro de tres cientos pesos valor del negro Benignio que Don Guillermo Waterson vendió. Año de 1842. (91f.) Fondo: Municipio de Vega Baja. Registro de Esclavos/ Libertos. 1832-74. Caja 28.

 

• Junta de Beneficencia. Relativo á las pérdidas causadas por el huracán del 29 de Octubre 1867 i terremotos posteriores. Fondo: Municipio de Vega Baja. Registro de Esclavos/ Libertos. 1832-74. Caja 38.

• Ysla de Puerto Rico.Villa de V. baja. Expediente que contiene las relaciones de pérdidas sufridas por los vecinos de la jurisdicción en el temporal del 8 de Agosto de 1899 rendidas por los respectivos Alcaldes de Barrios y los cuales se han remitido en Copia al Gobierno Superior. Año de 1899. Fondo: Municipio de Vega Baja. Registro de Esclavos/ Libertos. 1832-74. Caja 38.

• Misceláneas 1840-1886. Fondo: Municipio de Vega Baja. Caja 52.
• Matrícula de jornaleros. 1838. Misceláneas 1840-1886. Fondo: Municipio de Vega Baja. Caja 52.
• Libro de Bautismo de la Parroquia de Vega Baja, desde 1840- 1853. [Un registro mandado a preparar por el alcalde Don Pablo Soliveras. Regulares condiciones las primeras páginas, pero bueno en general]. Misceláneas 1840-1886. Fondo: Municipio de Vega Baja. Caja 52.
• Fondo: Obras Públicas.  Serie: Asuntos Varios. Asunto: Escritura de Censo y Tributo. Pueblo: Vega Baja

• Expediente sobre cuestión entre Gregorio García y Don Antonio Cayol por un camino. 1836 a 1837. [11p. aprox.] [No contiene planos] Fondo: Obras Públicas.  Serie:   Caminos Vecinales.  Asunto: Vega Baja. Caja 1463. Legajo 71.

• Expediente sobre cierre del camino denominado de los Cayures. 1838 a 1840. [sin planos] Fondo: Obras Públicas.  Serie:   Caminos Vecinales.  Asunto: Vega Baja. Caja 1463. Legajo 71.

• Expediente sobre relación de obras públicas. 1831. [incluye caminos, puentes, subsidios, costo construcción puente VEGA BAJA] Fondo: Obras Públicas.  Serie:   Caminos Vecinales.  Asunto: Vega Baja. Caja 1463. Legajo 71.

• Expediente sobre apertura de un camino por la posesión de Don Jacinto López y Don Ángel Marrero. 1842. (5p.) Fondo: Obras Públicas.  Serie:   Caminos Vecinales.  Asunto: Vega Baja. Caja 1463. Legajo 71.

• Sobre un camino en dirección al pueblo del Dorado. 1843- 1844. (34p.) Fondo: Obras Públicas.  Serie:   Caminos Vecinales.  Asunto: Vega Baja. Caja 1463. Legajo 71.

• Promovido por D. José R. Torres en solicitud del cierre del Antiguo Camino que conduce a Manatí a Vega Baja. 1860. Fondo: Obras Públicas.  Serie:   Caminos Vecinales.  Asunto: Vega Baja. Caja 1463. Legajo 71.

• Promovido por Don Ramón Soler sobre apertura de un camino obstruido por Don Ángel Serrano. 1840- 41. Fondo: Obras Públicas.  Serie:   Caminos Vecinales.  Asunto: Vega Baja. Caja 1463. Legajo 71.

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1. Memorial de los frutos, reses, y dinero que dan entre los vecinos de los partidos de esta Ysla para la fábrica y carenas de las dos embarcaciones de su Magestad que se allan en este Puerto carenando las de firme son las siguientes”. 21 de julio de 1691. AGI. Escribanía de Cámara, 125 A. En Hereditas. Revista de Genealogía Puertorriqueña. Volumen 6, Número 2. Año 2005. Pp. 48-54.

1. Instrucciones á los Tenientes á Guerra y á los Alcaldes Mayores en cumplimiento de lo prevenido por el Supremo Consejo de estos dominios, á virtud de lo resuelto por S.M. y comunicado á este gobierno por el Sr. Secretario de aquel Supremo Tribunal en 17 de marzo último, ha dispuesto el Escmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capitán General sirva á los Alcaldes Mayores de nueva creación para el ejercicio de sus empleos en la parte económico-político, observándose desde luego en todos los distritos de la isla. En Coll y Toste, Dr. Cayetano. Boletín Histórico de Puerto Rico. Tomo 3. San Juan de Puerto Rico, 1916. Páginas 38-42.

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