Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

El Contralor de Puerto Rico es una agencia fiscalizadora de las operaciones de las distintas ramas del Gobierno de Puerto Rico y de los municipios. Fue creada a partir de su inclusión en la Constitución de Puerto Rico en 1952 y ha servido desde entonces. Los municipios, desde su formación en dos ramas de gobierno bajo el régimen español siempre han sido objeto de investigaciones sobre las actuaciones de los alcaldes y demás funcionarios públicos, por lo que se respeta la función del Contralor de Puerto Rico para determinar la mejor utilización de los recursos del pueblo.

Los informes del Contralor son parte de la historia acumulada de la eficiencia de una administración pública. Si en ellos se detecta que se ha cometido un delito, otra oficina fiscalizadora es la que determina si se va a someter a un foro judicial, porque el Contralor solo tiene facultad para hacer señalamientos y velar su corrección ulterior.

En Vega Baja, la Oficina del Contralor de Puerto Rico ha investigado y preparado informes de las administraciones municipales desde la de Angel Sandín Martínez. Sin duda, por su extensión de servicio durante treinta y dos años, la de Luis Meléndez Cano ha sido la que más informes ha generado. En los últimos años de dicho alcalde, se hicieron los siguientes señalamientos en el informe M-00 22 del 29 de febrero de 2000:

1. Compras de bienes y servicios sin cotizaciones
2. Compras de bienes y servicios sin la subasta mandatoria.
3. Pagos y beneficios marginales y transferencias de crédito a empleados sin la autorización de la Asamblea Municipal.
4. Nombramiento de funcionarios de directores de agencias municipales sin la confirmación de la Asamblea Municipal, como los funcionarios de Head Start, Programas Federales, Saneamiento y Transporte.
5. Construcción de proyectos sin obtener la autorización previa de la Oficina de la Administración de Reglamentos y Permisos.
6. Compra de 875 cajas de bebidas alcohólicas para la celebración de actividades auspiciadas por el Municipio.
7. Gastos «extravagantes e innecesarios», según el Contralor en la celebración de actividades a los estudiantes, a los maestros, y en la toma de posesión del Alcalde y en la Fiestas patronales.

Los hallazgos corresponden a violación de alguna ley, reglamento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, norma de sana administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o juicio del administrador. Todo informe final se hacía público y a veces su usaba como balón político por los opositores en las campañas políticas pero también el alcalde Luis Meléndez Cano promovía la eficiencia de su administración informando mediante unos anuncios gigantes de que se había cumplido completamente con los requisitos previos a los informes, lo que en realidad era una métrica insustancial que había creado el Contralor Manuel Díaz Saldaña para crear cooperación y cumplimiento de los municipios que no tenía que ver con el resultado de las auditorías y que ya se ha descontinuado. Para los alcaldes, el certificado que entregaba el Contralor se utilizaba como autobombo en esa época.

La mayor parte de las auditorías eran sobre hechos objetivos, pero había otros que eran hechura de la Oficina del Contralor que reflejaban más una opinión moral que una legal, especialmente en los asuntos de cómo se ejecutaba la contabilidad municipal. Algunos de los contralores han sido contables públicos autorizados y abogados, por lo que tenían un conocimiento adicional que siempre aportar a descubrir y calificar las buenas y sanas prácticas del celo por la utilización de los recursos y bienes públicos.

En una administración posterior, la teoría administrativa que se impuso sobre las intervenciones del Contralor de Puerto Rico era que eran tardías, porque la auditorías no se hacían inmediatamente que ocurrían las violaciones y cuando había señalamientos ya no había remedio. Además, su asesor financiero sostenía que no importaba el señalamiento, como el Contralor no tenía «dientes» (poder) para procesar a nadie, había un archivo de irregularidades que acababan en el olvido al que no le hacían caso en el Departamento de Justicia.

La historia posterior probó que eso no es así. Muchas de las investigaciones del Contralor de Puerto Rico han alertado a las agencias de procesamiento criminal y han terminado con convicciones, incluyendo la de aquel ministro sin cartera que pululó en la administración de Edgar Santana Rivera cuyo asesoramiento dependía de su parte en cada transacción.

Los problemas que plantean los señalamientos del Contralor de Puerto Rico no son meramente desviarse de los procedimientos, lo que puede ocurrir por negligencia o indeferencia, sin intención de cometer delito. Pero con este proceder se distraen recursos económicos que pueden ser utilizados adecuadamente y se altera el curso de las autorizaciones, derechos y deberes de las dos ramas de gobierno municipal, generalmente la ejecutiva, usurpando funciones que se le privan de ejercer a la legislatura municipal.

En estos días el alcalde Marcos Cruz Molina anunció que la Contralora de Puerto Rico investiga por rutina al Gobierno Municipal y él personalmente le dió la bienvenida e instruyó a sus funcionarios y empleados que cooperen con este ciclo.

El Contralor indaga por una rutina establecida para verificar la regularidad de las transacciones, pero puede iniciar una investigación si conoce de antemano algún asunto sospechoso que le traiga a su atención cualquier ciudadano o un empleado público. Para los empleados públicos que delatan las irregularidades hay protecciones estatales y federales que impiden su despido y su reinstalación en el empleo si recibe la inmunidad que estas leyes permiten.

Los políticos que han sido incumbentes siempre han buscado la reelección argumentando maravillas de sus desempeños. Algunos, conociendo lo que van a acometer de forma irregular, asumen el riesgo porque piensan que no hay consecuencia. Una de las modalidades es cuando un gobierno municipal tiene una legislatura local que es del mismo partido del alcalde, donde el alcalde determina lo que se va a hacer y los legisladores municipales se convierten en sello de goma, como se dice en la calle a los incondicionales.