Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

La ley que autorizó a los municipios de Puerto Rico a establecer un procedimiento válido y eficaz para disponer de los edificios en ruinas, ha confrontado en Vega Baja con muchas irregularidades. Hemos dicho anteriormente que tener funcionarios públicos con intereses en las propiedades a adquirir hace que toda gestión municipal tenga vicios de fraude. Y eso parece estar pasando.

El primer problema era tener como funcionario público a un corredor de bienes raíces. Lo segundo fue la delegación que se hizo a terceros para disponer de las propiedades que se determinaban como ruinosas. Se escogió hasta una propiedad que pertenece al gobierno municipal y se hizo el procedimiento preliminar sobre ella.

Surgió entonces que un legislador municipal se jactaba de haber adquirido dos propiedades, en un obvio conflicto de intereses. Al parecer, para que sus nombres no aparezcan, utilizan testaferros[1].

El problema es que el último testaferro que escogieron, es hijo de un principal funcionario público del Gobierno Municipal, por lo que ya no hay velo que desvelar. En el afan de controlar riquezas y meter la mano en las arcas y los asuntos municipales, han optado por el descaro público y hasta mediante el brazo de la rama judicial, que atenta a este asunto, evitó ayer una injusticia en un sector de un barrio de Vega Baja. Hay más información y nombres conocidos.

Todo esto, con la vista y paciencia del alcalde Marcos Cruz Molina. Continuaremos.

1. Testaferro: Persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona. Real Academia de la lengua.