Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

Un aparente fraude cometido por una vendedora no residente en Puerto Rico de nombre Julie Duggan White involucró al Secretario del Gobierno Municipal de Vega Baja, Freddie Ramos pero este asunto no tiene que ver con actuaciones ilegales del funcionario ni con el Gobierno Municipal de Vega Baja en su programa de declaración y disposición de edificios ruinosos.

La dama Sara Marrero Reyes había opcionado un inmueble en estado ruinoso en un solar que aparentemente no había sido adjudicado aun el título de propiedad por el Departamento de la Vivienda a los dueños de la casa. La misma había sido reclamada por Julie Duggan White. La Sra. Marrero mediante un contrato de opción de compraventa pagó una cantidad por ésta y le hizo mejoras a la estructura existente.

El hijo del funcionario municipal vegabajeño adquirió la propiedad por $15,000.00 de la dueña titular y acudió a los tribunales para deshauciar a los ocupantes y tener la posesión de la casa y el terreno ubicado en la Calle Plutón Norte #25 de la Barriada Sandín. También inscribió con su nombre la propiedad en el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales y se otorgó una escritura pública que le puede dar cabida en el Registro de la Propiedad. Luego de la sentencia, se ordenó el lanzamiento y el pasado viernes se presentaron los alguaciles a ejecutar la orden.

La presencia del padre del adquirente se relacionó inicialmente a actos de exceso de poder de parte del gobierno municipal y del Secretario en su carácter personal porque hubo la alegación de que era una propiedad ruinosa declarada como tal por el Gobierno Municipal, por ser Freddie Ramos el Secretario Municipal, su hijo el adquirente y por su presencia en el momento en que los alguaciles hicieron presencia para cumplir la orden del tribunal.

La propiedad había sido usada como establo de animales y la nueva dueña había invertido más de cien mil dólares en su reconstrucción.

Hemos revisado los visuales del momento en que se presentaron los alguaciles en la casa el pasado viernes, los documentos legales del Tribunal Superior de Primera Instancia y de Apelación, los documentos de los dos adquirentes en distintas fechas y no surge de los documentos una relación con el Secretario Municipal y sus funciones, sino se trata de un penoso caso privado, probablemente causado por fraude de la parte vendedora. Ciertamente hay una injusticia a la vista, que debe dilucidarse y resolverse judicialmente, lo que puede hacerse aparte del caso ya concluido en la rama judicial.